El Gobierno acordó transferir los 300 millones de pesos a la AFA luego de sortear los pasos burocráticos. Entre ellos estaba la firma de un acta acuerdo que regulará el envío del dinero, enmarcada en el convenio del Fútbol Para Todos firmado en agosto de 2009, y con vigencia hasta el mismo mes de 2019. El trámite fue cumplimentado el viernes pasado, con un detalle: el documento lleva la firma de tres de los cuatro integrantes del Comité de Regularización ( Armando Pérez, presidente, Carolina Cristinziano y Javier Medín). Falta la de Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, y representante de los clubes de ascenso en el nuevo órgano que gobierna la AFA.
Desde el entorno de Toviggino confirmaron que el directivo se negó a estampar su firma porque pretendía que el acta acuerdo fijara la cifra final que la AFA cobraría por todo el año, algo que no ocurrió: el número, que hasta hoy es de $1800 millones, se confirmará más adelante.
Además de certificar el adelanto de los $300 millones a los clubes "como medida de excepción", el documento establece dos obligaciones para la AFA: por un lado, la asociación deberá rendir cuentas a la Secretaría General de la Presidencia (responsable del Fútbol Para Todos dentro del Gobierno) del millonario anticipo. Para ello deberá remitir los comprobantes de las transferencias bancarias realizadas a los clubes. Para hacerlo, el Gobierno le da un plazo de 15 días.
Por otra parte, el acta acuerdo menciona, por primera vez, la posibilidad de una rescisión del convenio que garantiza la gratuidad de las transmisiones televisivas de los partidos de primera división. La cláusula cuarta del documento indica que si "por cualquier motivo las partes no continuaran unidas o interrumpieran el contrato", la AFA deberá devolver el anticipo de los $300 millones en un plazo de diez días hábiles. Si la AFA no cumple, el Gobierno queda automáticamente habilitado para efectuar el reclamo de la deuda ante la Justicia.
El nuevo convenio AFA-Gobierno se conoce cuando los clubes de primera división deben decidir si se solidarizan con sus pares del ascenso y postergan el inicio de su torneo, programado para el 19 de este mes. El objetivo es aumentar el Mínimo Anual Garantizado que la Secretaría General de la Presidencia le paga a la AFA.
Mientras tanto, el ascenso lleva adelante sus propias negociaciones para abaratar costos: los operativos policiales (según trascendió, el precio por efectivo policial en la Provincia de Buenos Aires superaría los $1000 a partir de esta temporada) y los transportes. Hubo reuniones con el ministro de la cartera, Guillermo Dietrich, pero aún no se arribó a un acuerdo. El Nacional B es, por lejos, la categoría que más dinero gasta en traslados, concentraciones y travesías de sus planteles para cumplir con el fixture. Y algunos clubes se enteraron anteayer que, en lugar de cobrar $1,5 millones mensuales, su cuota de TV será la tercera parte de esa cifra: $500 mil.
En paralelo, la AFA recibirá en los próximos días una oferta formal de Turner, que parece dispuesto a pagar $2500 millones por año. Si bien en la AFA pretenden recibir $3000 millones, todo indica que se sentarán a negociar.
Si el campeonato de primera división empieza el 19, como está previsto, Turner no podrá hacerse cargo pero el 1° de enero del año próximo aparece en el horizonte como una fecha mucho más factible. Entonces sí, el fútbol volverá a manos privadas, como antes del Fútbol Para Todos. En el medio, AFA y Gobierno deberán rescindir el contrato que los une hasta 2019. Ambos socios ya expresaron (en público y en privado) su decisión de salirse del convenio. Unos, por cuestiones políticas. Otros, por necesidades económicas insatisfechas. La ruptura es sólo cuestión de tiempo.
